El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, además de exhortar a los gobiernos para que hagan esto posible.
Todos entendemos la importancia de esta resolución, pero ya han pasado 8 años y la situación no ha mejorado. La población aumenta, las necesidades de agua aumentan, y la contaminación del agua crece exponencialmente.
Centrándonos hoy en Occidente, y en los países más “desarrollados”, nos llama la atención que la garantía del cumplimiento de esta resolución, tenga a nuestros gobernantes mirando al cielo como chamanes, para decirnos si pueden garantizarnos este derecho en los meses siguientes.
Cuando la sequía amenaza, los ayuntamientos, los gobiernos autónomos y el gobierno central, corren a enviar cisternas, a suministrar agua envasada, a llamar a la población al ahorro e incluso a ofrecer ayudas a ganaderos y agricultores para que hagan balsas, cisternas y bebederos para guardar el agua que no tienen. Pero, en cuanto llueve, se olvidan de todo y hasta la próxima sequía.
¿Alguien ha visto en los anuncios de la televisión, en las recomendaciones, y en las subvenciones oficiales, alguna iniciativa o incentivo para reciclar, reutilizar el agua, para instalar circuitos de recogida de aguas grises, para depurar el agua en granjas, negocios, casas? Y, ¿cómo es posible que se pierdan millones y millones de litros en las fugas de las tuberías de suministro? No parece creíble, pero es cierto.
Nos corresponde a los ciudadanos exigir a los gobiernos cambiar la política de parches, por una política de prioridades, como la de optimizar las conducciones, invertir en soluciones de reutilización, educar a nuestros jóvenes en el valor del agua para nuestras vidas, y sacar el máximo partido de las instalaciones ya existentes, muchas veces obsoletas, deterioradas y por tanto infrautilizadas.
